En latinoamérica, exceptuando México, el 50% de las exportaciones totales, están basadas en la explotación de los recursos naturales.
La excesiva dependencia económica de recursos no renovables es similar a la que se registró en la década de los años 90.
Datos: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Cepal (2019)
Suscita interés el cómo se han abordado los procesos de desarrollo económico en los países en el marco de lo que sería la década en la que se destaca la sostenibilidad como prioridad para la agendas de los gobiernos, en tanto, a pesar de los esfuerzos por permear una cultura en la que se tengan en cuenta los componentes ambientales y sociales, la realidad apunta a que estos acuerdos muchas veces mediáticos responden a un contexto muy distante de los asuntos locales y regionales.
De acuerdo con la Cepal (2014) América Latina y el Caribe concentra parte importante de las reservas mineras a nivel mundial, posee el 20% de las reservas de petroleo del planeta y cuenta con el 25% de las reservas de Biocombustibles. Por su parte, tiene la mayor diversidad biológica del planeta, un tercio de las reservas de agua dulce, una quinta parte de los bosques y el 12% de la superficie cultivable.
Mas la conservación y la producción energética parecen dos acciones incompatibles.
La eterna disyuntiva entre liquidez y conservación
La excesiva dependencia económica respecto a un recurso natural agotable, pone en peligro la sostenibilidad económica de las regiones,en tanto la concentración de todos los factores de producción en la explotación minera, de hidrocarburos y biocombustibles, limita la diversificación de la canasta exportadora y por lo tanto, amplía los riesgos de déficits fiscales ante los cambios en los precios internacionales o, la reducción significativa de las reservas.
Sin embargo, a partir de dichas regalías se financian a nivel local y regional, los servicios públicos, la salud y la educación, así como el transporte, la comunicación e infraestructura de soporte. La transición hacia otras economías parece inviable ante la falta de liquidez, así como la ausencia de capital humano e inversión en sectores de menor impacto ambiental. En ese sentido, se validan nuevas concesiones de exploración y perforación, y se consideran viables las acciones como el Fracking o explotaciones a cielo abierto, condenando los recursos hídricos, el aire y el medio edáfico al deterioro.
Se agota el tiempo para la reconverción económica de los territorios, las reservas no solo escasean, también las nuevas fuentes enérgeticas ganan terreno y los compradores internacionales transan a menores precios en el mercado.
Cuánto sabemos de la industria extractiva y sus implicaciones.
Daron Acemoglu y James Robinson(2012) en el libro: Por qué fracasan los países, hacen un recuento de los sucesos históricos que han marcado el desarrollo o no de los países de acuerdo con las decisiones que los gobiernos han tomado en términos de la propiedad, la tecnología, las patentes, los créditos y el acceso a la información,entre otros.
Este relato histórico, centra su análisis a nivel de latinoamérica, como un modelo basado en la extración de los recursos naturales en el cual se concentra la riqueza y las rentas en una proporción pequeña de la población, un sistema que tiene fallas, pero que nadie parece tener el interés de cambiar. La “comodidad del presente” en el que una minoría controla y ejerce el poder económico mientras que la ciudadanía, principalmente en área rural carece de las herramientas de inversión, tecnología y educación necesarios para avanzar hacia procesos más eficientes, es una realidad generalizada en la que no solo se acerban las brechas socioeconómicas, sino en las que se ponen en riesgo los recursos naturales a futuro y por lo tanto, la supervivencia.
Si bien dentro de los indicadores económicos se mide el aporte del recurso natural al Producto Interno Bruto PIB, el empleo, los ingresos fiscales y los beneficios que esto ha supuesto a nivel de regalías, la distribución de la renta y la riqueza es un indicador a evaluar en tanto a mayor producción de petroleo no significa mayor aumento en la calidad de vida de la población local, la renta per capita de los terriorios centrados en explotación minera y de hidrocarburos no ha variado significativamente en los últimos años y en el peor de los casos, los efectos migratorios han supuesto mayor mano de obra disponible y por lo tanto, la diminución promedio de los salarios.
En ese sentido, los efectos sociales se suman a los efectos ambientales de las economías extractivas, en tanto el costo de oportunidad es la pérdida neta de biodiversidad que se está dispuesto a aceptar así como la erosión y contaminación hídrica que representa riesgos en la salud de la población y la seguridad alimentaria. En poco tiempo, los procesos de compensación no serán suficientes para mitigar el impacto.
La iniciativa Global Reporting Iniciative cuenta con una serie de indicadores de reporte de las actividades en las que se establecen los impactos económicos, sociales y ambientales de la industria extractiva, sin embargo, aún queda mucho camino no solo en conocer, sino en comunicar y concertar las acciones de este sector con la comunidad local y no es ajeno el sentor que ante una industria tan importante para la liquidez local, parece que no es viable llegar a negociaciones o acuerdos que frenen su expansión.
Una cuestión de gobernanza
Entendida no solo como la acción que ejerce el gobierno, sino la capacidad de integrar el sector privado, las instituciones relacionadas y la comunidad en torno a una planeación concertada, la gobernanza de los recursos naturales exige avanzar en linea hacia la sostenibilidad y políticas industriales responsables, en vez de ejercer mayor presión de los sectores extractivos.
“La falta de una adecuada gobernanza de los recursos naturales en
R. Sánchez (ed.), La bonanza de los recursos naturales para el desarrollo: dilemas de gobernanza, Libros de la CEPAL, N° 157 (LC/PUB.2019/13-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2019.
el último período de bonanza económica generó distorsiones económicas que obstaculizaron el camino hacia un desarrollo sostenible. Entre las distorsiones más comunes se encuentra la llamada enfermedad holandesa, que se ha constatado en muchos países de la región. En lugar de avanzar hacia objetivos de sostenibilidad y políticas industriales más profundas, en muchas economías se observó una mayor participación de los sectores extractivos y primarios en el total exportado que, sumada a la menor participación del sector manufacturero, condujo a una reprimarización. Esto supuso la desindustrialización de las economías a partir del nuevo milenio y la pérdida de competitividad de otros sectores, como por ejemplo el agrícola.”
Hoy en día, ante las consecuencias económicas y repercusiones sociales que la pandemia COVID19 dejará para Latinoamérica y el Caribe, la gobernanza de los recursos naturales cobra mayor relevancia, sin embargo, la preocupación está en la decisión de seguir concentrando esfuerzos en la venta de minerales, gas e hidrocarburos poniendo en jaque la sostenibilidad ambiental de los destinos y agudizando la degradación y las brechas socioeconómicas de los territorios.
